Los centros de datos son infraestructuras esenciales para el funcionamiento de los servicios digitales y el tratamiento de la información, pero también presentan importantes retos en términos de consumo energético. Es el momento de la recién nombrada vicepresidenta Tercera y Ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien, además de articular las subastas eólicas marinas y dar salida a los esperados concursos de capacidad, tiene la tarea de ordenar el crecimiento de los centros de datos dentro de nuestro sistema eléctrico.
España es un país con una enorme ventaja comparativa debido a la instalación de plantas eólicas y fotovoltaicas. Esta abundancia de energías renovables y su estratégica situación geográfica son un enorme atractivo para inversiones relacionadas no solo con la producción de energía, sino también con la demanda de industrias de consumo masivo y los denominados Data Centers.
Actualmente, estamos presenciando una importantísima penetración de energía renovable en nuestro país y se prevé que la llegada de centros de datos ayude a absorber los posibles excedentes de esa generación renovable de plantas ya en funcionamiento y de aquellas que entrarán en operación próximamente. Esto representa una gran oportunidad para las compañías eléctricas y del sector renovable que cuentan con un portafolio energético importante.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial (IA) consume energía eléctrica de forma masiva y multiplicará por cuatro, e incluso por cinco, las necesidades actuales de los centros de datos en un plazo de cinco años. Esta demanda supone un reto considerable para la red eléctrica española, que deberá garantizar un suministro constante y sostenible de energía.
El sector energético en España se ha regulado en los últimos años para dar forma y sentido a la generación de energía, principalmente renovable, pero últimamente ha sido necesario poner también el foco en el consumo de dicha energía.
A través del Real Decreto 8/2023, de 27 de diciembre, se ha empezado a regular el almacenamiento de baterías y las instalaciones de demanda. Esta normativa establece un marco que busca optimizar la gestión de la demanda eléctrica y fomentar la sostenibilidad en un nuevo contexto tecnológico e industrial.
En dicho Real Decreto, se exige la constitución de garantías para las instalaciones de demanda por un importe de 40.000 €/MW, lo que afecta a industrias electrointensivas, así como a nuevos modelos de negocio como las plantas de hidrógeno y los centros de datos.
Es importante mencionar que este creciente interés por el desarrollo de centros de datos ha generado preocupación por una posible ola de especulación que limite el acceso a las redes y dificulte el desarrollo de nueva capacidad industrial en nuestro país. Por ello, se espera que continúe una adecuada planificación de la red eléctrica, la publicación de capacidades de demanda y, en definitiva, el avance hacia una normativa que permita encajar de forma ordenada la generación y el consumo futuro de energía.
Otro de los aspectos relevantes que habrá que considerar en estos proyectos son los llamados concursos de demanda. Tanto para este procedimiento, como para la solicitud de puntos de conexión, así como para garantizar otros aspectos en el desarrollo del proyecto, la caución se convierte en una herramienta fundamental para el inversor.
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